Toyota suscribe un acuerdo de reciclaje de baterías para Europa:

Agencia EFE20 oct 2011
Toyota ha suscrito un acuerdo de recogida y reciclaje sostenible de baterías de ámbito de aplicación en Europa con la Société Nouvelle d"Affinage des Métaux (SNAM), con sede en Francia.

Según informó hoy la filial española de Toyota el acuerdo se prolongará hasta el año 2014 y afecta a baterías de hidruro de níquel industriales de alto voltaje.

El pacto entre Toyota-Europa y SNAM permite que las baterías NiMH recuperadas puedan recogerse en cualquiera de las instalaciones de la firma automovilística que pasan por la sede central en Bruselas, las nueve plantas de fabricación en siete países, las 30 empresas nacionales de marketing y ventas y más de 3.000 concesionarios de Toyota y Lexus, así como todos los operadores de tratamiento de vehículos para desguace.

La marca japonesa cierra de esta forma el ciclo completo de su política de coches híbridos con la fase de recogida de las baterías fuera de uso.

Desde el año 2000, se han vendido en Europa alrededor de 370.000 vehículos híbridos "Full Hybrid" Toyota y Lexus, todos ellos equipados con baterías de hidruro de níquel (NiMH), que alimentan el motor eléctrico.

En este sentido, el reciclaje sostenible de baterías de alto voltaje es una prioridad clave para Toyota, con el fin de reducir desde el consumo de energía hasta la emisión de gases de efecto invernadero, pasando por la eliminación de materiales peligrosos.

El acuerdo con SNAM garantizará un proceso de tratamiento de las baterías NiMH a través de los canales de reciclaje óptimos para maximizar la producción de materias primas secundarias.

SNAM, por su parte, proporcionará toda la documentación necesaria, como informes sobre la eficiencia del reciclaje, a fin de garantizar una comunicación precisa y oportuna con las autoridades nacionales, de conformidad con la Directiva sobre baterías.

La recogida y el tratamiento de baterías industriales en Europa están regulados por la Directiva sobre baterías de la UE 2006/66/CE, que entró en vigor el 26 de septiembre de 2006, y que debe ser transpuesta a la legislación nacional de los estados miembro en un plazo de dos años.