Nissan pide al Gobierno una estrategia a largo plazo sobre el coche eléctrico:

Nissan pide al Gobierno una estrategia a largo plazo sobre el coche eléctrico 1
Agencia EFE27 sep 2012
El consejero director general de Nissan, Manuel de la Guardia, ha pedido al Gobierno una estrategia a largo plazo para favorecer el desarrollo industrial del vehículo eléctrico en España, por tratarse de una nueva movilidad con alto contenido tecnológico.

De la Guardia ha explicado a Efe en el Salón del Automóvil de París que la industria automovilística española podría situarse en una posición de liderazgo en este nuevo mercado, en el que algunas marcas están bien situadas en España.

Este es el caso de Nissan, ha explicado, con una inversión anunciada de 100 millones de euros para fabricar en la planta de Barcelona la versión eléctrica de la furgoneta NV200 (e-NV200).

Nissan también esta situada en el nuevo mercado eléctrico, con un modelo, el Leaf, del que ya se han vendido en todo el mundo más de 35.000 unidades, 200 de ellas previstas este año para el mercado español.

España es un mercado especialmente interesante para este tipo de movilidad, teniendo en cuenta el alto coste energético del país por la dependencia del petróleo.

España, según recordó, es uno de los países con mayor dependencia, junto a Italia, Irlanda, Portugal, y Grecia.

En relación al Nissan Leaf, De la Guardia ha anunciado un cambio comercial, al ser capaz la marca de garantizar un valor residual competitivo que hace que el pueda garantizarse una oferta de compra con 6.000 euros de entrada y una cuota de 500 euros mensuales.

El director general de la filial española de Nissan puso el ejemplo del taxista que en Valladolid utiliza un Leaf como medio de trabajo, con el que recorre diariamente 300 kilómetros realizando una recarga a mitad de jornada.

Sus costes mensuales de carburante con un diesel eran de 450 euros antes de adquirir un Nissan Leaf, con el que la factura es de 100 euros en energía eléctrica.

En relación con el uso de vehículos eléctricos, De la Guardia ha pedido la implantación de medidas que incentiven su utilización y que no suponen desembolso para las administraciones públicas, como son los aparcamientos gratuitos o los accesos a zonas restringidas al tráfico.