Limitar el pago en efectivo puede afectar al 36 por ciento de las ventas de coches usados:

Limitar el pago en efectivo puede afectar al 36 por ciento de las ventas de coches usados 1
Agencia EFE19 nov 2012
La prohibición desde hoy de realizar pagos en efectivos a partir de 2.500 euros en las operaciones en las que intervenga un profesional puede afectar al 36 % de las ventas de vehículos usados, más de 600.000 unidades.

Esta es una estimación de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam), que calcula que el 52 % de las compras de vehículos de ocasión se realiza al contado.

Según el Libro Blanco del Vehículo de Ocasión de Ganvam, la crisis y la falta de financiación han aumentado los pagos al contado en estos últimos años, hasta alcanzar ese 52 %, y nueve de cada diez superan los 2.500 euros de media.

La asociación explica que en la actualidad el 40 % de las compras de vehículos de segunda mano se realiza a un profesional, mientras que el 60 % restante está en manos de particulares.

Así, concesionarios y compraventas son responsables del 36 % de estas transacciones, mientras que las empresas de rent a car tienen una presencia en el mercado del 4 %.

Juan Antonio Sánchez Torres, presidente de Ganvam, considera que 'la nueva limitación del pago en efectivo aportará mayor transparencia al mercado de usados y frenará el fraude fiscal'.

Al tener que realizar los pagos superiores a 2.500 euros utilizando medios de pago diferentes al metálico, como la transferencia, el ingreso en cuenta o el cheque bancario, habrá mayor control sobre operaciones que antes quedaban fuera del alcance del fisco.

'Además de limitar el fraude fiscal, se pondrá freno a la competencia desleal de los que defraudaban, frente a una abrumadora mayoría de empresas que cumplen correctamente sus obligaciones tributarias con Hacienda', ha añadido el presidente de Ganvam.  

Esta patronal de los concesionarios explica en un comunicado que mantiene desde hace años un convenio de colaboración con la Agencia Tributaria para la prevención y lucha contra el fraude en el sector del automóvil.

Más concretamente en las operaciones de adquisición intracomunitarias de vehículos e importaciones que se realizan sin cumplir con las obligaciones fiscales en el ámbito del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre el Valor Añadido.