La Comisión Nacional de la Competencia ha sancionado a las compañías energéticas Repsol, Cepsa y BP con una multa de 7,9 millones de euros por fijación indirecta del precio de venta al público en sus estaciones de servicio.

En concreto, el organismo regulador de la competencia ha multado con 5 millones de euros a Repsol, con 1,8 millones a Cepsa y con 1,1 millones a BP.

Tras conocer la decisión, Repsol mostró su "indignación" por una sanción que calificó de "error grave" y que por tanto anunció que recurrirá.

La petrolera asegura que no ha cometido ninguna infracción y que su conducta es "conforme a las leyes y normas españolas y europeas", por lo que recurrirá la multa ante los tribunales y se reserva el derecho a exigir la reparación de los daños o perjuicios que le pueda causar.

Por su parte, Cepsa señaló que no está conforme con la sanción y aseguró que opera bajo la legalidad comunitaria y que hará valer sus derechos ante los tribunales.

En el otro lado, el presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio, Andrés Delgado, aplaudió la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia y confió en que las compañías sancionadas acaten la resolución y "no abusen de las posibilidades del derecho. La situación del sector en España no tenía ninguna explicación". A su juicio, la situación económica ya es de por sí desfavorable como para que las grandes compañías "se queden con todos los márgenes".

Según Competencia, la forma en la que los operadores petrolíferos fijan el precio al que las estaciones de servicio les compran el combustible y la manera en la que establecen las comisiones elimina los incentivos de las estaciones de servicio para realizar descuentos y, así, competir vía precios.

De esta forma, añade, cada una de los operadoras estaría controlando los precios de venta al público de las estaciones de servicio bajo su bandera, para evitar la competencia en precios entre las estaciones de su red, a lo que se une la fijación directa de precios, que sí está permitida, en las estaciones gestionadas por la propia operadora.

Para el organismo regulador de la competencia, el resultado de estas prácticas es que, independientemente de la marca, de la ubicación o del régimen económico de explotación de la estación de servicio, todas aplican el mismo precio máximo o recomendado fijado por su operadora.

De forma paralela a la sanción, Competencia anunció que ha remitido un informe al Gobierno en el que se analizan las "disfunciones" del mercado de carburantes de automoción y, en particular, el "elevado" grado de integración vertical y de concentración de sus distintas actividades.

El informe, que será público el próximo mes de septiembre y contendrá recomendaciones para evitar estos problemas, destaca además la existencia de importantes barreras de entrada que "facilitan la realización y perpetuación de conductas que son contrarias a las normas de defensa de la competencia".

Así, señala, la capacidad de refino en España está controlada por los tres operadores petrolíferos sancionados, que son además los mismos que ostentan la participación más alta en CLH, compañía que gestiona los recursos logísticos de transporte y los principales de almacenamiento.

Asimismo, entre los tres controlan más del 70% de la distribución minorista de los combustibles a través de estaciones de servicio, de forma que la posición en el mercado de refino y en el transporte y almacenamiento les otorga una ventaja competitiva en el mercado de distribución minorista.

Esto, además, les da un poder de mercado que facilita la creación de barreras de entrada a otros operadores que carecen de estas posiciones estratégicas.

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